En el marco del 22 de mayo, fecha dedicada a la biodiversidad, Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Según el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), el país alberga alrededor del 40% de la diversidad biológica del planeta. Esta inmensa riqueza natural abarca la Amazonía boliviana, los Andes y el Chaco, ecosistemas donde destacan miles de especies de aves, mamíferos y plantas.
Sin embargo, esta biodiversidad se encuentra amenazada por la deforestación y la expansión agroindustrial. Como consecuencia, en estos últimos años se han perdido grandes extensiones de bosque y, junto con ellas una importante cantidad de vida silvestre.
Durante, décadas los pueblos indígenas han sido los principales guardianes de estos territorios. No obstante, hoy esa protección parece insuficiente frente a políticas estatales que impulsan normativas sin consulta previa. En el caso particular de Bolivia, diversas leyes y medidas administrativas afectan directamente a los pueblos indígenas y a la biodiversidad.
Uno de los casos que actualmente generó mayor debate es la Ley 1720, denominada Ley de Reconversión de la Pequeña Propiedad. Esta norma provocó movilizaciones de campesinos e indígenas del departamento de Pando, quienes iniciaron una marcha hacia la ciudad de La Paz para exigir su abrogación, la cual ha sido finalmente abrogada.
Los sectores movilizados sostienen que la ley vulnera el artículo 30, numeral 15, de la Constitución Política del Estado, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
Asimismo, denuncian que la norma contradice el artículo 394 de la Constitución y diversos convenios internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. A ello se suman otros paquetes de leyes anunciados con el argumento de fortalecer la economía nacional, pero que, según organizaciones indígenas y ambientales, podrían profundizar la presión sobre los territorios y ecosistemas.
Implementar leyes sin consulta previa no solo vulnera derechos constitucionales, sino que también pone en riesgo los ecosistemas, ya que muchas decisiones son tomadas sin considerar el conocimiento y la relación que los pueblos indígenas mantienen con la naturaleza.
“La consulta previa no es un favor; es un derecho constitucional conquistado mediante años de lucha y movilización”, señalan dirigentes indígenas.
Actualmente, gran parte de la biodiversidad mejor conservada del país se encuentra dentro de territorios indígenas. Allí se protegen fuentes de agua, lugares sagrados y especies de flora y fauna. Sin embargo, la defensa de estos espacios se vuelve cada vez más difícil.
Al respecto, Víctor Manuel Palacios, presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), manifestó:
“Se vuelve más difícil porque, lamentablemente, el Gobierno aprueba leyes sin consulta y a favor de unos cuantos, y no de la mayoría. Esto hemos visto con la Ley 1720, que viola los principios constitucionales. Por eso como CPEM-B, también nos sumamos a la marcha para pedir su abrogación”.
Palacios agregó que los pueblos indígenas continuaran defendiendo sus territorios y cuestionó que las propuestas de desarrollo económico se impulsen sin participación indígena.
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Pueblos Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz (APISACS), José Chuvé, expresó preocupación por la situación de los defensores ambientales y territoriales:
“El mensaje es claro: quien defiende su territorio corre riesgos. Las leyes están aumentando la presión sobre los territorios indígenas y priorizan intereses económicos por encima de los derechos ambientales, culturales y territoriales”, afirmó.
Según el abogado Miguel Gonzales, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), la Ley 1720 “busca mercantilizar los territorios para abrir paso al agronegocio sin respetar la función social y ambiental de los territorios indígenas”.
En 2022, la comunidad internacional adoptó el Marco Mundial Kumming-Montreal sobre la diversidad biológica, conocido también como El Plan de la Biodiversidad. Este acuerdo establece 23 metas para 2030 y cuatro grandes objetivos globales hacia 2050 con el propósito de detener y revertir la pérdida de la naturaleza.
Sin embargo, organizaciones indígenas y ambientales insisten en una idea central:
no puede existir biodiversidad sin la protección de quienes históricamente la
habitan y la defienden: los pueblos indígenas.











